Mito y realidad en la formación del Frente Popular en la España de 1936

Roque Hidalgo Álvarez. Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Academia de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de Granada. De la conferencia impartida en el Ateneo de Granada el 18 de marzo 2025

El Frente Popular fue una coalición electoral formada en España en enero de 1936 por partidos republicanos y obreros, con el objetivo de frenar el avance del fascismo y restaurar el impulso democrático de la Segunda República. Surgió como respuesta a la represión del bienio negro y a la fragmentación de las izquierdas en elecciones anteriores. Su programa incluía amnistía política, reformas agrarias, impulso a la industria y educación, así como la defensa de las libertades constitucionales. Triunfó en las elecciones de febrero de 1936 con una mayoría parlamentaria, generando una fuerte reacción popular que marcó un momento decisivo en la historia española.

El tiempo histórico como expresión de la dinámica social es una construcción que requiere, tal y como afirmaba el físico francés Jean Baptiste Perrin, «explicar lo visible complejo por lo invisible simple». El conocimiento de lo social implica acometer ese proceso mental que nos lleva de lo visible complejo a lo invisible simple.

Un buen ejemplo de lo difícil que es transitar por esos caminos lo constituye el estudio del proceso de convergencia electoral que dio lugar el 15 de enero de 1936 a la publicación del «manifiesto electoral de las izquierdas» que pronto sería conocido como Frente Popular. Casi nadie conoce hoy que ese manifiesto electoral contenía más desacuerdos que coincidencias, y que ese pacto interclasista era la constatación del distanciamiento político de las clases intermedias urbanas respecto de las oligarquías locales a las que tradicionalmente habían servido fielmente. Una parte significativa de los abogados, médicos, enseñantes, ingenieros, científicos y arquitectos llegaron a la conclusión de que era necesaria una destrucción creativa de las viejas estructuras políticas que habían pervivido del Antiguo Régimen y que para ello debían contar con las clases subalternas, alcanzando un acuerdo electoral que devolviera a la II República Española su inicial impulso democrático. Se trataba de un simple acuerdo electoral que permitía sumar votos y escaños a los partidarios de la revolución democrática que había comenzado el 14 de abril de 1931. El sistema electoral favorecía a las coaliciones y castigaba severamente la dispersión política. Sumar era rentable electoralmente. A pesar de lo cual los republicanos de izquierdas y los socialistas fueron por separado en las elecciones celebradas el 19 de noviembre de 1933, lo que favoreció el triunfo de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) que lideraba el abogado salmantino José María Gil-Robles y Quiñones, catedrático de Derecho Político y fiel servidor de los intereses agrarios de las clases propietarias de la España rural. No era casual su definición confederal ni el carácter autónomo de las derechas que libremente se habían coaligado electoralmente. La CEDA contó con un aliado natural en el Partido Republicano Radical (PRR) que había fundado veinticinco años antes el periodista rambleño, Alejandro Lerroux García. Las contrarreformas llevadas a cabo por el PRR y la CEDA durante el denominado por algunos historiadores como «bienio negro» llevaron a las clases subalternas al convencimiento de que la única vía posible para lograr los avances sociales demandados desde mediados del siglo XIX era la revolucionaria. El proceso insurreccional de octubre de 1934 causó la muerte de 2.000 personas[1] y su posterior represión llenó las cárceles de toda España. Se calcula que entre 30.000 y 40.000 personas[2] fueron encarceladas y miles de obreros perdieron sus puestos de trabajo[3]. La necesidad de un acuerdo político entre las izquierdas tanto republicanas como obreras se hizo evidente entonces. El miedo al enemigo común que representaba el fascismo hizo posible el acuerdo electoral, tal y como sucedió también en Francia. La necesidad de defenderse del avance de la extrema derecha llevó a socialistas y comunistas a aparcar sus diferencias tanto tácticas como estratégicas y a formar un gran frente antifascista tanto en España como en Francia. En nuestro país bajo la preponderancia de los republicanos de izquierdas y en Francia bajo la dirección de socialistas y comunistas, los primeros desde el gobierno y los segundos desde las fábricas.

Veamos entonces cuál era «El manifiesto electoral de las Izquierdas» para las elecciones del 16 de febrero de 1936 en España[4].

Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de Gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia política, y además la ofrecen a la consideración de las restantes organizaciones republicanas y obreras, por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar en tales condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las elecciones generales de diputados a Cortes.

Como supuesto indispensable de paz pública, los partidos coligados se comprometen:

1.º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos políticosociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, aunque no hubieran sido considerados como tales por los Tribunales. Alcanzará también a aquellos de igual carácter no comprendidos en la ley de 24 de abril de 1934. Se revisarán con arreglo a la ley las sentencias pronunciadas en aplicación indebida de la de Vagos, por motivos de carácter político; hasta tanto que se habiliten las instituciones que en dicha ley se prescriben, se restringirá la aplicación de la misma y se impedirá que en lo sucesivo se utilice para perseguir ideas o actuaciones políticas.

2.º Los funcionarios y empleados públicos que hayan sido objeto de suspensión, traslado o separación, acordado sin garantía de expediente o por motivos de persecución política, serán repuestos en sus destinos.

El Gobierno tomará las medidas necesarias para que sean readmitidos en sus respectivos puestos los obreros que hubiesen sido despedidos, por sus ideas o con motivo de huelgas políticas, en todas las corporaciones públicas, en las Empresas gestoras de servicios públicos y en todas aquellas en las que el Estado tenga vínculo directo.

Por lo que se refiere a las Empresas de carácter privado, el ministerio de Trabajo adoptará las disposiciones conducentes a la discriminación de todos los casos de despido que hubieran sido fundados en un motivo políticosocial, y que serán sometidos a los Jurados mixtos para que éstos amparen en su derecho, con arreglo a la legislación anterior a noviembre de 1933, a quienes hubieran sido indebidamente eliminados.

3.º Se promulgará una ley concediendo a las familias de las víctimas producidas por hechos revolucionarios o por actos ilegales de la autoridad y la fuerza pública en la represión la adecuada reparación del daño inferido a las personas.

Revisión y reforma de las leyes de Orden público, Tribunal de Garantías, reglamento de la Cámara, Municipal y Provincial, reorganización del cuerpo de Vigilancia y del régimen de Prisiones.

En defensa de la libertad y de la justicia, como misión esencial del Estado republicano y de su régimen constitucional, los Partidos coligados:

1.º Restablecerán el imperio de la Constitución. Serán reclamadas las transgresiones cometidas contra la ley fundamental. Y la ley Orgánica del Tribunal de Garantías habrá de ser objeto de reforma, a fin de impedir que la defensa de la Constitución resulte encomendada a conciencias formadas en una convicción o en un interés contrarios a la salud del régimen.

2.º Se procederá a dictar leyes orgánicas prometidas por la Constitución que son necesarias para su normal funcionamiento, y especialmente las leyes Provincial y Municipal, que deberán inspirarse en el respeto más riguroso a los principios declarados en aquélla. Se procederá por las Cortes a la reforma de su reglamento, modificando la estructura y funciones de las Comisiones parlamentarias, a cuyo cargo correrá, con el auxilio de los organismos técnicos a ellas incorporados, el trámite formativo de las leyes.

3.º Se declara en todo su vigor el principio de autoridad; pero se compromete su ejercicio sin mengua de las razones de libertad y justicia. Se revisará la ley de Orden público, para que, sin perder nada de su eficacia defensiva, garantice mejor al ciudadano contra la arbitrariedad del Poder; adoptándose también las medidas necesarias para evitar las prórrogas abusivas de los estados de excepción.

4.º Se organizará una Justicia libre de los viejos motivos de jerarquía social, privilegio económico y posición política. La Justicia, una vez reorganizada, será dotada de las condiciones de independencia que promete la Constitución. Se simplificarán los procedimientos en lo civil; se imprimirá mayor rapidez al recurso ante los Tribunales contencioso-administrativos, ampliando su competencia, y se rodeará de mayores garantías al inculpado en lo criminal. Se limitarán los fueros especiales, singularmente el castrense, a los delitos netamente militares. Y se humanizará el régimen de prisiones, aboliendo malos tratos e incomunicaciones no decretadas judicialmente.

5.º Los casos de violencia de los agentes de la fuerza pública, acaecidos bajo el mando de los Gobiernos reaccionarios, aconsejan llevar a cabo la investigación de responsabilidades concretas hasta el esclarecimiento de la culpa individual y su castigo. Se procederá a encuadrar las funciones de cada instituto dentro de los fines de su respectivo reglamento; serán seleccionados sus mandos y se sancionará con la separación del servicio a todo agente que haya incurrido en malos tratos o parcialidad política. El Cuerpo de Vigilancia se reorganizará con funcionarios aptos y de cumplida lealtad al régimen.

6.º Se revisarán las normas de disciplina de los funcionarios, estableciendo sanciones graves para toda negligencia o abuso en favor de intereses políticos o en daño del Tesoro público.

No se acepta por los republicanos la nacionalización de la tierra. Derogación de las leyes de Arrendamientos y de devolución y pagos de las fincas de la nobleza.

Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas que se proponen la redención del campesino y del cultivador medio y pequeño, no sólo por ser obra de justicia, sino porque constituyen la base más firme de reconstrucción económica nacional:

1.ª Como medidas de auxilio al cultivador directo:

Rebaja de impuestos y tributos.

Represión especial de la usura.

Disminución de rentas abusivas.

Intensificación del crédito agrícola.

Revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación de los harineros.

Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas.

2.ª Como medidas para mejorar las condiciones de la producción agrícola:

Se organizarán enseñanzas agrícolas y se facilitarán auxilios técnicos por el Estado.

Se trazarán planes de sustitución de cultivos e implantación de otros nuevos, con la ayuda técnica y económica de la Administración pública.

Fomento de los pastos, ganadería y repoblación forestal.

Obras hidráulicas y obras de puesta en riego y transformación de terrenos para regadío.

Caminos y construcciones rurales.

3.ª Como medidas para la reforma de la propiedad de la tierra:

Derogarán inmediatamente la vigente ley de Arrendamientos.

Revisarán los desahucios practicados.

Consolidarán en la propiedad, previa liquidación, a los arrendatarios antiguos y pequeños.

Dictarán nueva ley de Arrendamientos que asegure: la estabilidad en la tierra; la modicidad en la renta, susceptible de revisión; la prohibición del subarriendo y sus formas encubiertas; la indemnización de mejoras útiles y necesarias llevadas a cabo por el arrendatario, haciéndose efectiva antes de que el cultivador abandone el predio, y el acceso a la propiedad de la tierra que se viniera cultivando durante cierto tiempo.

Estimularán las formas de cooperación y fomentarán las explotaciones colectivas.

Llevarán a cabo una política de asentamientos de familias campesinas, dotándolas de los auxilios técnicos y financieros precisos.

Dictarán normas para el rescate de bienes comunales.

Derogarán la ley que acordó la devolución y el pago de las fincas a la nobleza.

La protección del Estado. Especial protección a la pequeña industria y pequeño comercio.

Nuestra industria no se podrá levantar de la depresión en que se encuentra si no se procede a ordenar todo el complejo sistema de protecciones que el Estado dispensa según criterio estricto de coordinada subordinación al interés general de la economía.

En su consecuencia, procede:

1.º Dictar una ley o sistema de leyes que fijen las bases de la protección a la industria, comprendiendo las arancelarias, exenciones fiscales, métodos de coordinación, regulación de mercados y demás medios de auxilio que el Estado conceda en interés de la producción nacional. Promover el saneamiento financiero de las industrias, a fin de aligerar cargas de especulación que, gravando su rentabilidad, entorpecen su desenvolvimiento.

2.º Crear instituciones de investigación económica y técnica, donde pueda el Estado adquirir elementos para su dirección política y también los empresarios para mejor regir sus iniciativas.

3.º Adoptar aquellas medidas necesarias de especial protección a la pequeña industria y al pequeño comercio.

4.º Levantar la actividad de nuestras industrias fundamentales, mediante un plan de obras públicas a que luego se alude, urbanizaciones y saneamiento de la población rural, en el que se calcularán de antemano los materiales que se han de consumir y sus precios, a fin de asegurar la rentabilidad de estas obras.

Los republicanos no aceptan el subsidio de paro. Ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de las obras.

Los republicanos consideran la obra pública no sólo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso, desatendidas por la iniciativa de los empresarios:

1.º Se llevarán a cabo grandes planes de construcciones de viviendas urbanas y rurales, servicios cooperativos y comunales, puertos, vías de comunicación, obras de riego e implantación de regadíos y transformación de terrenos.

2.º Para llevarlas a cabo se procederá a una ordenación legislativa y administrativa que garantice la utilidad de la obra, su buena administración y la contribución a la misma de los intereses privados directamente favorecidos.

Los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras públicas y, en suma, todo el plan de reconstrucción nacional ha de cumplir no sólo su finalidad propia, sino también el cometido esencial de absorber el paro.

Es rechazada por los republicanos la nacionalización de la Banca. Dirección del Banco de España y de la Banca privada. Distribución de las cargas públicas.

La Hacienda y la Banca tienen que estar al servicio del empeño de reconstrucción nacional, sin desconocer que fuerzas tan sutiles como la del crédito no se pueden forzar por métodos de coacción ni estimular fuera del campo seguro de aplicaciones provechosas y empleo remunerador.

No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la Banca propuestas por los partidos obreros; conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos, si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar señalamos las siguientes medidas:

1.ª Dirigir el Banco de España de modo que cumpla su función de regular el crédito conforme exija el interés de nuestra economía, perdiendo su carácter de concurrente de los Bancos y liquidando sus inmovilizaciones.

2.ª Someter a la Banca privada a reglas de ordenación que favorezcan sus líquidos, sobre los principios clásicos que ha puesto de nuevo en relieve la experiencia de las últimas crisis, a fin de afirmar la garantía de los depositantes y el servicio de las necesidades financieras de la política de reconstrucción económica que aquí se promete.

3.ª Mejorar el funcionamiento de las Cajas de Ahorro, para que cumplan su papel en la creación de capitales; dictando también aquellas medidas necesarias para proteger el ahorro privado y de responsabilidad de los promotores y gestores de toda clase de Compañías.

Respecto a la Hacienda, se comprometen a llevar a cabo una reforma fiscal dirigida a la mayor flexibilidad de los tributos y a la más equitativa distribución de las cargas públicas, sin acudir al crédito público para finalidades del consumo:

1.ª Se revisará a fondo la tributación directa, obtenida en su desarrollo normal, reorganizándola sobre bases progresivas.

2.ª Se reformará la tributación indirecta buscando la coordinación del gasto privado con el gravamen del consumo.

3.ª Se perfeccionará la Administración fiscal, para que sirva de instrumento eficaz a la nueva política tributaria.

Se rechaza el control obrero. Creación del delito de envilecimiento del salario. Se restablece la legislación social en todos sus principios. Política de reconstrucción económica.

La República que conciben los Partidos republicanos no es una República dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.

No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del Partido Socialista. Convienen en:

1.º Restablecer la legislación social en la pureza de sus principios, para lo cual dictarán las disposiciones necesarias para dejar sin efecto aquellas que desvirtúen su recto sentido de justicia, revisando las sanciones establecidas a fin de asegurar el más leal cumplimiento de las leyes sociales.

2.º Reorganizar la jurisdicción del trabajo en condiciones de independencia, a fin no sólo de que las partes interesadas adquieran conciencia de la imparcialidad de sus resoluciones, sino también para que en ningún caso los motivos de interés general de la producción queden sin la valoración debida.

3.º Rectificar el proceso de derrumbamiento de los salarios del campo, verdaderos salarios de hambre, fijando salarios mínimos, a fin de asegurar a todo trabajador una existencia digna, y creando el delito de envilecimiento del salario, perseguible de oficio ante los Tribunales.

Aunque la política de reconstrucción económica debe conducir a la absorción del paro, es menester además organizar, administrativa y técnicamente, la lucha, estableciendo los servicios que sean necesarios de estadística, clasificación, Oficinas de colocación y Bolsas de Trabajo, preocupándose de modo especial del paro en la juventud, y sin olvidar tampoco las instituciones de previsión y seguro que, prometidas por la Constitución, deben disponerse a ensayo sobre bases de tipo social.

Los republicanos han de dedicar a la asistencia pública, Beneficencia y Sanidad, la atención que merece en todo pueblo civilizado, sin regatear sacrificios. Unificarán, bajo la dirección del Estado, las diversas instituciones de fundación privada, totalizando sus recursos, sin perjuicio del respeto a la voluntad del finado.

Vigilancia de la enseñanza privada. Creación de la enseñanza media y profesional.

La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por consiguiente, el más amplio nivel moral, por encima de razones confesionales y de clase social.

1.º Impulsarán, con el ritmo de los primeros años de la República, la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Se ha de someter a la enseñanza privada a vigilancia, en interés de la cultura, análoga a la que se ejercite cerca de las escuelas públicas.

2.º Crearán las enseñanzas medias profesionales que sean necesarias para dar instrucción a todos los ciudadanos en condición de recibir la de estos grados.

3.º Concentrarán las enseñanzas universitarias y superiores para que puedan ser debidamente servidas.

4.º Pondrán en ejecución los métodos necesarios para asegurar el acceso a la enseñanza media y superior a la juventud obrera y, en general, a los estudiantes seleccionados por su capacidad.

Los Partidos coligados repondrán en su vigor la legislación autonómica votada por las Cortes constituyentes y desarrollarán los principios autonómicos consignados en la Constitución.

Adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.

Se orientará la política internacional en un sentido de adhesión a los principios y métodos de la Sociedad de Naciones.

Firmantes

Por Izquierda Republicana: Amós Salvador (arquitecto). —Por Unión Republicana: Bernardo Giner de los Ríos (arquitecto). —Por el Partido Socialista Obrero: Juan Simeón Vidarte (abogado) y Manuel Cordero (panadero). —Por la Unión General de Trabajadores: Francisco Largo Caballero (estuquista). —Por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas: José Cazorla (chófer). —Por el Partido Comunista: Vicente Uribe (metalúrgico). —Por el Partido Sindicalista: Angel Pestaña (relojero). —Por el Partido Obrero de Unificación Marxista: Juan Andrade (periodista)[5].

Para que este acuerdo electoral fuera posible, primero en abril de 1935 se firmó un pacto de «Conjunción Republicana» entre Izquierda Republicana (IR)[6], Unión Republicana (UA)[7] y el Partido Nacional Republicano (PNR)[8]. Este último partido no firmó el acuerdo final por estar en desacuerdo con la participación del Partido Comunista de España (PCE). El 15 de enero de 1936 se firmó el pacto de la coalición electoral entre los republicanos de izquierdas y los partidos obreros, entre estos últimos estaban el PSOE, el PCE, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM)[9] y el Partido Sindicalista. El único sindicato que firmó el pacto electoral fue la Unión General de Trabajadores que lideraba Francisco Largo Caballero, pues el Partido Sindicalista, aunque surgió como una escisión de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), era desde 1934 un partido político dirigido por Ángel Pestaña Núñez que, con anterioridad, había sido varias veces secretario nacional de la CNT.

El comité electoral del Frente Popular no tuvo mucho tiempo para nombrar a sus candidatos en las distintas provincias. Este proceso estuvo plagado de dificultades, pero al final se encontró una formula de reparto que garantizaba a todos lo partidos firmantes del acuerdo tener al menos un diputado en las nuevas Cortes. Se buscó siempre que algunos candidatos de los partidos minoritarios como el POUM o el Partido Sindicalista estuvieran en posiciones de salir en aquellas provincias donde el apoyo a esos partidos era más significativo. El POUM en Barcelona y el Partido Sindicalista en Zaragoza y Cádiz.

El acuerdo electoral funcionó bien y las izquierdas bajo el denominado Frente Popular (Frente de Izquierdas en Cataluña) obtuvieron 286 escaños con 4.654.116 votos, mientras que las derechas agrupadas bajo lo que se ha calificado como Frente Nacional obtuvieron 141 escaños con 4.503.505 votos. La participación rozó el 73%. Al primar el sistema electoral al grupo mayoritario, una pequeña diferencia de votos le otorgaba al vencedor muchos más escaños que al perdedor.

La reacción popular fue casi inmediata, al conocerse el triunfo del Frente Popular, la gente se agolpó ante las cárceles para liberar a sus familiares, correligionarios y amigos. Un testimonio de esta liberación lo ofreció Josep Companys tras su salida del penal del Puerto de Santamaría. Por su importancia histórico-política reproducimos a continuación la llegada de Companys a Córdoba. La noticia la publicó El Defensor de Granada el 22 de febrero de 1936, p. 1.

Al salir del Penal. «Companys, Lluhí, Comorera y otras personalidades catalanas, vitoreadas con entusiasmo en Córdoba».

«Estamos donde estábamos y seremos lo que fuimos».

Córdoba 22.- Los señores Companys[10], Lluhí[11] y Comorera[12] llegaron de madrugada a esta capital y se hospedaron en el hotel Simón.

Esta mañana, tan pronto como se conoció la noticia, se situaron frente a la puerta del hotel numerosos grupos, que vitorearon al señor Companys, a la República y a Cataluña.

Requeridos por los aplausos del público, el señor Companys y sus compañeros se asomaron a uno de los balcones del edificio, siendo acogida su presencia con entusiasmo.

El señor Companys se expresó de la siguiente forma: Podéis suponer que después de las emociones sufridas por mis compañeros y por mi, no acierto a expresar mis sentimientos. Yo quisiera pediros benevolencia y que os hicieseis cargo de que mi situación no me permite la exposición del pensamiento. He de lamentarme de la forma un poco extraña de nuestra liberación, que no nos ha permitido despedirnos de los compañeros y camaradas de la baja Andalucía que han tenido con nosotros las máximas atenciones, que sí eran necesarias para el amor, nos ha fortalecido de una manera indiscutible.

Os digo que yo he de volver. Este es un país de dolores, y donde hay un dolor hay un hermano nuestro. Habréis oído hablar mucho de nuestro separatismo.

Somos hombres que llevamos en nuestra alma el amor a la libertad y a nuestra patria; queremos la libertad de nuestro pueblo; pero también trabajamos por la libertad de todos los pueblos y de todos los hombres. Estamos en un momento difícil y glorioso para la República.

Nosotros, los hombres de izquierda y los hombres de Gobierno, sabemos poner la responsabilidad a la altura de nuestro deber. Nadie piense que nos animan propósitos de venganza y que nadie dude tampoco de que nuestros propósitos se cumplirán realizando una obra de gobierno seria, generosa y tolerante, porque la tolerancia es la flor más exquisita de la democracia. Hay hombres en el Poder que tienen nuestra confianza y nuestra emoción. Han tenido una responsabilidad en la campaña preelectoral y están ya en el Poder. Estos hombres necesitan un tiempo para desarrollar la obra que España requiere. Dadle esa tregua, ese margen de confianza con el fin de que pueda dar frutos óptimos. Yo os pido que os disolváis con orden y que deis vuestra confianza al Gobierno constituido y que seáis fieles guardadores de la paz para hacer la labor que España necesita de una manera urgente. ¡Viva Andalucía!

Los manifestantes le ovacionaron y contestaron con vivas a Cataluña, a la República y a España.

Así era Andalucía, Cataluña y España en 1936. Así era, al menos, la que apoyaba al Frente Popular.

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